Infraestructura: ¿dónde está la institucionalidad con mirada país?

Catalina Binder

La inversión en infraestructura debe sintonizar con los problemas actuales que enfrenta la sociedad y también con las metas a las que nuestro país se ha comprometido en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) de Naciones Unidas. Satisfacer la demanda por una mejor calidad de vida y el aumento en la productividad, en un contexto de sustentabilidad ambiental, distribución de los beneficios y transparencia, requiere abordar el desarrollo de infraestructura con planificación y una mirada de largo plazo.

Atentan contra estos objetivos, por una parte, la falta de una institucionalidad que permita que las visiones de los distintos ministerios, empresas públicas, gobiernos regionales y municipios se integren, y, por otra parte, la carencia de un plan nacional de infraestructura perdurable en el tiempo más allá de los ciclos políticos. A ello se suma la dispersión institucional en áreas clave como el desarrollo de la logística y las políticas sobre recursos hídricos.

La Comisión Nacional de Productividad en 2020 constató que la inversión en infraestructura tiene altos grados de ineficiencia como consecuencia de la ausencia de mirada de largo plazo y de la falta de coordinación entre las entidades que tienen responsabilidades en el proceso de inversiones.

Por su parte, la OCDE ha afirmado que el obstáculo para el desarrollo en infraestructura “no es la falta de financiamiento, sino los problemas de gobernanza”, para lo que Chile “…debería considerar fortalecer la planificación de infraestructura a largo plazo y la formulación de políticas para lograr los objetivos de desarrollo”.

En este contexto, el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) ha planteado la creación de una Comisión Asesora para Políticas de Infraestructura Nacional. La propuesta del CPI plantea la necesidad de crear una entidad asesora de la Presidencia de la República, que integre la planificación en infraestructura de los ministerios, gobiernos regionales y empresas públicas, con una visión de largo plazo, genere herramientas de evaluación transparentes que permitan mejorar la calidad de las decisiones y monitoree su cumplimiento.

Ejemplo de entidades de este tipo en Chile son el Consejo Fiscal Autónomo, la Comisión Nacional de Productividad, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y el Comité Financiero, entre otros. En el ámbito internacional destacan como experiencias exitosas las de Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido y Canadá.

Según estimaciones del CPI, la creación de esta Comisión Asesora se traduciría en una disminución del 30% en los costos de inversión en infraestructura, permitiendo, a la par, menores tiempos de ejecución de los proyectos, que actualmente -según la Comisión Nacional de Productividad-, tardan más de tres periodos presidenciales en materializarse.

La creación de una Comisión Asesora para Políticas de Infraestructura Nacional responde a la imperiosa necesidad de contar con un plan nacional de infraestructura pública, con una mirada país y de largo plazo, capaz de coordinar a las distintas agencias públicas involucradas y que posicione, de esta manera, a la infraestructura al servicio de los grandes objetivos nacionales.